Sara Lamelas García

Nahia Alkorta

Condena ONU: Nahia Alkorta

Condena ONU: Nahia Alkorta Nahia Alkorta acude al Hospital Universitario de Donostia con 38 semanas de gestación tras romper aguas. Le inducen el parto que acaba en una cesárea llevada a cabo por residentes supervisados. Su abogada, Francisca Fernández, una de las fundadoras de la Asociación El parto es nuestro, considera que le hacen una serie de procedimientos que se pueden considerar como violencia obstétrica.   Denuncian, principalmente, la inducción del parto y la cesárea no consentidas, contrarias al propio protocolo del hospital. También la realización de la cesárea a manos de estudiantes con supervisión, de nuevo, sin consentimiento. Además de la separación entre la madre y el bebé sin necesidad aparente. Y la administración de biberones no consentida ya que habían optado por la lactancia materna. Este parto supuso un trauma físico y psicológico al violar la integridad física y moral de Nahia, además de su dignidad y su intimidad personal y familiar.  Nahia ha plasmado todo lo que sufrió en su libro Mi parto robado. Explica que el anestesista la dejó sola y la ridiculizó. Y que “al rato vinieron los ginecólogos y legaron las coacciones, las amenazas y la imposición de la cesárea”. Añade que le amenazaron con que le iba a pasar algo al bebé y sería su culpa: “Sentí muchas ganas de huir de allí, muchísima rabia e impotencia, pero no había escapatoria”.   En la cesárea sintió “una auténtica deshumanización”. “Me sentí como un cerdo en esa mesa”, explica Nahia. Y manifiesta su sospecha sobre que su cuerpo fue utilizado para una sesión lectiva no consentida. Además, añade, “en la separación yo pensaba que mi bebé había muerto porque no me informaban de nada”.  Nahia describe “mucho dolor físico y emocional”. No hubo tristeza, sino mucha conmoción. Añade que luego vino un vacío absoluto: “No tengo recuerdos de los tres primeros meses de mi primer hijo”, se lamenta. Más tarde desarrolló estrés postraumático, tocofobia (miedo irracional e incontrolable al embarazo y al parto) y otros trastornos psiquiátricos graves.  Nos cuenta que hoy en día las consecuencias siguen ahí ya que el proceso judicial no ha terminado. Siente rabia, maltrato, infantilización y, sobre todo, soledad.   Fernández explica que en los casos de Naciones Unidas “hacen unas recomendaciones de obligado complimiento al Gobierno español” (la última incluye hasta once) y denuncia que “no han cumplido ninguna” y “se han negado de pleno”. Por ello asegura que están “de nuevo en los tribunales para que se cumplan las decisiones de Naciones Unidas”.

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El caso Oviedo: Obligada a parir en el hospital

El caso Oviedo: Obligada a parir en el hospital El día 23 de abril de 2019, Teresa, embarazada de 42 semanas acude al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para hacerse un chequeo médico. Como era un embarazo prolongado, el hospital le propone la inducción al parto. Ella se niega alegando, por un lado, que sus resultados de las pruebas habían sido positivos y por otro, que había manifestado previamente su deseo de dar a luz en su casa con una matrona privada. Esa noche comienzan las contracciones. Al día siguiente, dos policías vienen a buscarla con una orden judicial que dicta su traslado al hospital para hacerle una inducción al parto. Cuando llega al centro sanitario su bebé ya está en camino. El hospital considera que la dilatación está estancada, la duración del parto es demasiada, y la desproporción cefalopélvica (la cabeza o el cuerpo del bebé es demasiado grande para pasar por la pelvis) unida al cansancio materno justifican una cesárea. Por eso, la noche del 25 al 26 Teresa se enfrenta a un parto quirúrgico sin su pareja. Por todas estas razones, Teresa contacta con Francisca Fernández, abogada especializada en Negligencias Médicas responsabilidad civil y seguros, y una de las 20 mujeres fundadoras de la asociación El Parto es Nuestro. Ambas consideran que sufrió violencia obstétrica. Teresa, además, considera que, como víctima de abusos sexuales, se vulneraron sus derechos al negarle el hospital que los tactos vaginales los hiciera una matrona. Justifica esta decisión porque considera que “para una mujer que ha sufrido violencia sexual el momento del parto es muy crítico” y “despierta todas esas vivencias”.   A todo esto, Fernández añade que los padres no se negaban de pleno a la inducción, a pesar de que consideran “tiene muchos riesgos”. Y tacha de “engaño” la argumentación que le dieron a la jueza para conseguir la orden. Añade también que Teresa en ningún momento fue escuchada.  Agotados todos los recursos de justicia españoles han presentado la denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde ha sido admitida. El caso Oviedo tiene como antecedente tres casos de violencia obstétrica en los que España ha sido condenada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Fernández, representante de estos casos, espera que el Tribunal de Derechos Humanos los tenga en cuenta para sentar precedente.  

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