El día 23 de abril de 2019, Teresa, embarazada de 42 semanas acude al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para hacerse un chequeo médico. Como era un embarazo prolongado, el hospital le propone la inducción al parto. Ella se niega alegando, por un lado, que sus resultados de las pruebas habían sido positivos y por otro, que había manifestado previamente su deseo de dar a luz en su casa con una matrona privada.

Esa noche comienzan las contracciones. Al día siguiente, dos policías vienen a buscarla con una orden judicial que dicta su traslado al hospital para hacerle una inducción al parto. Cuando llega al centro sanitario su bebé ya está en camino.

El hospital considera que la dilatación está estancada, la duración del parto es demasiada, y la desproporción cefalopélvica (la cabeza o el cuerpo del bebé es demasiado grande para pasar por la pelvis) unida al cansancio materno justifican una cesárea. Por eso, la noche del 25 al 26 Teresa se enfrenta a un parto quirúrgico sin su pareja.

Por todas estas razones, Teresa contacta con Francisca Fernández, abogada especializada en Negligencias Médicas responsabilidad civil y seguros, y una de las 20 mujeres fundadoras de la asociación El Parto es Nuestro. Ambas consideran que sufrió violencia obstétrica.

Teresa, además, considera que, como víctima de abusos sexuales, se vulneraron sus derechos al negarle el hospital que los tactos vaginales los hiciera una matrona. Justifica esta decisión porque considera que “para una mujer que ha sufrido violencia sexual el momento del parto es muy crítico” y “despierta todas esas vivencias”.  

A todo esto, Fernández añade que los padres no se negaban de pleno a la inducción, a pesar de que consideran “tiene muchos riesgos”. Y tacha de “engaño” la argumentación que le dieron a la jueza para conseguir la orden. Añade también que Teresa en ningún momento fue escuchada. 

Agotados todos los recursos de justicia españoles han presentado la denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde ha sido admitida. El caso Oviedo tiene como antecedente tres casos de violencia obstétrica en los que España ha sido condenada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Fernández, representante de estos casos, espera que el Tribunal de Derechos Humanos los tenga en cuenta para sentar precedente.